Administraciones Públicas, PYMES y Bancos

El Gobierno está pensando en tomar medidas para el pago de la deuda comercial de las Administraciones Públicas (AAPP), lo cual sería sumamente positivo, ya que dicha morosidad llevo a 350.000 empresas a la quiebra, y si la morosidad pública continua, dicho número seguirá aumentando. Se estima que la cantidad necesaria seria de 30.000 millones de euros.

¿Cómo cobrarían las deudas las pymes y los autónomos? Estos tendrán que presentar sus facturas incobradas en las entidades financieras, y aquellas que sean reconocidas por las Administraciones, serán saldadas por la misma entidad financiera. A cambio, la entidad financiera asumirá el derecho de cobro de la deuda, que se materializará en los siguientes tres años, y cobrara un tipo de interés todavía no determinado pero que sería inferior al 6%. El abono de los intereses recaería sobre los empresarios.
¿Por qué se decide recurrir a los bancos y no al Instituto de Crédito Oficial (ICO), perteneciente al Estado, para la tarea antes descripta? Aparentemente, el ICO no cuenta con los medios tanto materiales como humanos para llevar a cabo dicha tarea. Es decir, la agencia financiera del Estado, que se esperaría que dada la falta de crédito en la economía por parte del sector privado jugase en la misma un papel determinante, está infradotada. La idea de que la ICO gane importancia e incluso la creación de una banca pública se ve reforzada ante el fracaso constante de los bancos a devolver la liquidez a la economía a pesar de que estos estuvieron durante estos últimos años recibiendo dinero del Banco Central Europeo (BCE) prácticamente gratis (la denominada barra libre de la liquidez).

El fracaso bancario en reactivar el crédito se baso en que estos utilizasen los recursos provistos por el BCE en sanear su patrimonio, invertir en deuda soberana y en diversas burbujas especulativas que hayan surgido. Es decir, ante el panorama español de una economía estancada, o incluso en retroceso según las previsiones, un desempleo ascendente junto a un consumo descendente, la caída de los salarios, el menor gasto público, que al final lleva todo a una menor demanda y caída del poder adquisitivo, es de esperar que invertir dentro de la economía española no es la opción más rentable. Y los banqueros buscan la opción más rentable a corto plazo, no la opción que sea más favorable para la economía. Por tanto, con el dinero del BCE hacen lo antes mencionado, no llegando así los recursos a la economía real tal como pretendía el BCE, sino utilizándose los mismos para la especulación con la deuda soberana, lo cual tiene en una situación crítica a muchos países de la UE, o en “activos” de distinta índole (como los alimentos, lo cual tiene el efecto colateral de dejar sin comer a miles de personas, véase el caso del 2008 o la subida del precio de los cereales en un 5% en agosto del 2010 a pesar de que su producción fue la tercera mayor de la historia) o incluso, una vez recibido el dinero del BCE lo vuelven a depositar en el mismo. Además, en relación con el sistema bancario, hemos de tener en cuenta que este ha recibido dinero público, sea mediante la compra de activos de “alta calidad” o intervención del FROB (Fondo de Reestructuración Bancaria).

Partiendo de que el Sistema Bancario privado español está entre los principales responsables de la actual crisis económica y sus directores con sus sueldos millonarios son también participes de varios entramados fraudulentos, y que recibe dinero de una entidad como el BCE y el Gobierno. Supongamos que el tipo de interés fijado que tendrán que pagar los autónomos sea del 4% anual, y suponiendo que los banqueros presten 30.000 millones de euros, los primeros tendrán que pagar a los segundos por cobrar aquello que les pertenece 1.200 millones de euros por año, si son tres años ¿3.600 millones? Es decir, los empresarios serán sancionados por la morosidad de las AAPP y dicha sanción se materializará en beneficios para los bancos. La medida es fantástica y necesaria, no obstante cuesta entender por qué los bancos que reciben dinero del BCE y del Sector Público también han de apropiarse del 4% de aquello que pertenece a los pequeños empresarios, por darle a los mismos el dinero proveniente del BCE y el Sector Público, y que representa las deudas que tienen las AAPP.

Si el ICO está falto de recursos necesario seria dotarlo de más recursos. Con los 1200 millones que la banca ingresaría en un año en concepto de intereses, el ICO podría contratar durante ese mismo año a 40.000 trabajadores con un salario mensual de 2.500 euros, y en necesidad de más dinero el BCE podría proveerlo, al igual que estuvo proveyendo de miles de millones a los bancos durante todo este tiempo.
Y este no es el único caso en el cual en banco se beneficia del préstamo del dinero público o de dinero proveniente del mismo ICO (Por ejemplo, el préstamo para ordenadores), y sigue costando entender cuál es el derecho que tienen los bancos privados en hacer negocio con dinero público con el contribuyente, es decir, ¿Pagamos impuestos para que el gobierno ceda parte de los mismos a los bancos, para que estos nos preste de vuelta el mismo dinero? Si por lo menos los beneficios se quedasen en el mismo Estado y fueran dedicados al Gasto Social.

La creación de una banca pública que reactive el crédito, salde las deudas de las AAPP y emprenda inversiones en la economía real española, es necesaria. El sector privado bancario lleva fracasando, incluso de manera premeditada, ya años, necesaria es una banca pública que asuma su papel inversor junto a una mayor regulación e intervención estatal en el sistema financiero. El papel de intermediario que se le está dando a la banca privada es ineficiente, ya que como fue explicado está usa sus recursos de manera inapropiada, no utilizando los mismos acorde a los intereses económicos nacionales sino que lo contrario, y que además es una manera de premiarla con activos y beneficios seguros que consigue con los recursos del Estado, mientras que el Estado es quién asume las pérdidas del sector que muchas veces se deben a la irresponsabilidad del mismo.